El analista opositor y exdirector del Instituto de Medicina Legal (IML), Miguel Fortín Magaña, ha reavivado la polémica sobre el abordaje de la seguridad en El Salvador al asegurar que los gobiernos de ARENA y del FMLN no enfrentaron a las pandillas porque en ese entonces existía un “régimen democrático” que imponía límites propios de un Estado de derecho.
En declaraciones recogidas por el portal El Blog, Fortín Magaña argumentó que ambos partidos políticos tenían un “mapeo” territorial detallado y conocían la estructura de las pandillas, desde los “postes” hasta los altos mandos.
Sin embargo, justificó su inacción señalando que “había un régimen democrático que pone un montón de límites que no ponen los regímenes autoritarios”.
Para el también psiquiatra forense, los gobiernos de las últimas tres décadas no podían actuar con la contundencia que, a su juicio, permite el actual régimen de excepción, porque se respetaban los derechos de los pandilleros y no existía un país autoritario.
Estas declaraciones surgen en un momento de intenso debate nacional sobre el legado de los gobiernos de ARENA y el FMLN y la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas desde 2019.
El contexto de las negociaciones con pandillas
Las palabras de Fortín Magaña contrastan con una serie de procesos judiciales que han documentado lo contrario: que los gobiernos de ambos partidos no solo no enfrentaron a las pandillas, sino que establecieron negociaciones con ellas.
La justicia salvadoreña ha condenado a exfuncionarios de ARENA y del FMLN por haber negociado con estructuras como la MS-13 y el Barrio 18 para obtener apoyo electoral y cometer fraude en los comicios de 2014 y 2015.
Entre los casos más relevantes se encuentra la condena contra Benito Lara, Ernesto Muyshondt, Arístides Valencia y otros actores políticos, quienes recibieron penas de hasta 28 años de prisión por ofrecer dinero y beneficios carcelarios a líderes pandilleriles a cambio de votos y de amenazar a la población para favorecer a sus partidos.
Este tipo de pactos ha sido calificado por analistas como una forma de “insurgencia criminal” que erosionó la confianza en las instituciones democráticas y consolidó un seudo-Estado paralelo en amplias zonas del país.
Diversos análisis políticos describen que, entre 1989 y 2019, El Salvador fue gobernado formalmente por ARENA y el FMLN, pero “cogobernado” de facto por las pandillas, que ejercían control territorial en gran parte del país.
Esta realidad ha sido utilizada por los defensores del actual Gobierno para argumentar que los partidos tradicionales fueron parte del problema y no de la solución.
Las contradicciones en el discurso opositor
La credibilidad de las declaraciones de Fortín Magaña se ve cuestionada por sus propias afirmaciones anteriores. En mayo de 2025, el analista aseguró que, gracias a los privilegios de vivir en una zona cómoda, nunca había visto a un pandillero en las calles de El Salvador. “Si hay alguien que nunca ha conocido a un marero, es este servidor”, declaró en una entrevista.
Estas palabras generaron fuertes críticas de sectores afines al Gobierno, que señalaron la contradicción de alguien que, por un lado, afirma que las pandillas controlaban el territorio y, por otro, dice no haberlas visto nunca. Para sus detractores, esta desconexión con la realidad de las comunidades más afectadas por la violencia resta peso a sus análisis sobre la seguridad y el régimen de excepción.
El régimen de excepción como eje del debate
Fortín Magaña es uno de los críticos más vocales del régimen de excepción implementado en marzo de 2022, una medida que ha permitido la captura de más de 80.000 personas vinculadas a pandillas, pero que también ha sido señalada por organismos de derechos humanos por presuntas violaciones al debido proceso.
El analista ha calificado al Gobierno de Nayib Bukele como una “dictadura consolidada” y ha advertido sobre una posible escalada represiva si no se restablecen los contrapesos institucionales.
En este sentido, su defensa de que los gobiernos anteriores actuaban bajo un “régimen democrático” que les impedía enfrentar a las pandillas resulta funcional a su narrativa crítica del actual Ejecutivo.
Sin embargo, la evidencia judicial y los análisis académicos sugieren que la relación entre los partidos tradicionales y las pandillas fue mucho más compleja y, en varios casos, delictiva, que lo que sugiere la simple falta de herramientas legales.
Un debate que trasciende las declaraciones
Más allá de la polémica suscitada por Fortín Magaña, sus palabras reflejan una fractura profunda en la sociedad salvadoreña sobre cómo interpretar el pasado reciente. Para unos, los gobiernos de ARENA y el FMLN fueron incapaces o cómplices de la violencia pandilleril; para otros, el actual Gobierno ha construido su popularidad sobre la base de un modelo de mano dura que, si bien ha reducido los homicidios, lo ha hecho a costa de garantías fundamentales.
Lo cierto es que las afirmaciones del exdirector del IML no pueden entenderse sin el contexto de las condenas por negociaciones con pandillas, las contradicciones del propio analista y el encendido debate sobre el régimen de excepción. El tema de la seguridad sigue siendo uno de los ejes que más polariza la política salvadoreña y las declaraciones de figuras como Fortín Magaña contribuyen a mantenerlo en el centro de la discusión pública.
