El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca (2004-2009) recuperó su libertad tras cumplir una condena de diez años de prisión por el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares de fondos públicos, en el caso conocido como “Destape a la Corrupción”. La excarcelación, confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR), se hizo efectiva luego de que un juzgado emitiera la orden de libertad el pasado 27 de octubre.
Saca, de 61 años, se presentó este jueves en el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria, en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, para completar los trámites de su salida. Lo acompañó su abogado, Mario Machado, y su exsecretario privado, Élmer Charlaix, quien también fue condenado en el mismo proceso. “Dándole gracias a Dios que ya estamos en libertad”, dijo escuetamente el exmandatario a la prensa al abandonar el recinto judicial.
Una condena histórica por corrupción
El 13 de septiembre de 2018, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Saca a cinco años de cárcel por peculado (apropiación de bienes del Estado) y otros cinco por lavado de dinero y activos, mediante un procedimiento abreviado en el que el exmandatario admitió los hechos a cambio de una pena pactada con la Fiscalía. Se convirtió así en el primer expresidente de la etapa democrática salvadoreña sentenciado por corrupción cometida desde el cargo.
La investigación fiscal estableció que entre 2004 y 2009 se transfirieron aproximadamente 301 millones de dólares de cuentas institucionales de Casa Presidencial a cuentas particulares, mediante cheques sin respaldo legal y operaciones destinadas a ocultar el origen de los recursos. El dinero habría pasado por al menos trece cuentas vinculadas a Charlaix y a otros dos empleados de la Presidencia.
Durante el juicio, Saca reconoció que emitió un reglamento que le permitía catalogar como “secreto de Estado” la información relacionada con los movimientos de dinero, y que se aprovechó de que las auditorías se hacían “de forma superficial” para trasladar fondos a personas sin relación con la Presidencia.
El cómputo de la pena y la polémica por una salida anticipada
La pena de diez años se fijó tras descontar dos años por el tiempo que Saca permaneció en prisión preventiva desde su detención, el 30 de octubre de 2016, durante la boda de uno de sus hijos en Antiguo Cuscatlán. En septiembre de 2020, un juzgado de vigilancia penitenciaria había establecido que la condena completa de 12 años —sumando una pena de dos años por cohecho en un caso aparte— vencería en octubre de 2028, pero una cámara judicial eliminó esos dos años del cómputo y fijó la salida para octubre de 2026.
La FGR actual, dirigida por Rodolfo Delgado, emitió un comunicado en el que aseguró que durante revisiones internas identificó un supuesto plan atribuido al entonces fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, que contemplaba “mecanismos legales orientados a permitir que el expresidente Saca recuperara su libertad antes de cumplir íntegramente la condena”, incluso en un plazo inferior a la mitad de la pena. Según la Fiscalía, ese plan fue “desarticulado” por la actual administración, que adoptó medidas para evitar que se concretara. El comunicado no detalló cuáles eran esos mecanismos ni las medidas específicas adoptadas.
Las deudas pendientes con el Estado
Pese a haber cumplido la pena de prisión, Saca no ha saldado sus obligaciones económicas con el Estado. La FGR aclaró que sigue pendiente la responsabilidad civil: el exmandatario no ha devuelto en su totalidad los 260,7 millones de dólares fijados en el caso “Destape a la Corrupción”, ni ha pagado los 3,8 millones de dólares que se le impusieron en un proceso separado por enriquecimiento ilícito.
Además, en 2019 recibió otra condena por cohecho y se le ordenó pagar seis millones de dólares en un caso de desvío de fondos de Taiwán, sin que se conozca si ha cumplido esa pena. La Fiscalía subrayó que los bienes, empresas, inmuebles, vehículos y demás propiedades sujetas a medidas estatales “continuarán bajo la custodia del Estado salvadoreño”. En marzo de 2026, un juzgado ya había ordenado que 25 inmuebles, un vehículo y ocho productos financieros vinculados a Saca pasaran a manos del Estado, con un valor estimado de 9,6 millones de dólares.
Un caso que marcó la política salvadoreña
La liberación de Saca cierra un capítulo judicial que durante una década estuvo en el centro del debate sobre la corrupción en El Salvador. Su caso fue el primero de una serie de procesos contra expresidentes: le siguió el fallecido Mauricio Funes (2009-2014), también condenado por corrupción. Para sectores críticos, la salida de prisión de Saca —sin haber reparado el daño económico causado al Estado— evidencia las limitaciones del sistema judicial salvadoreño para garantizar la reparación integral en casos de gran corrupción. Para otros, el cumplimiento efectivo de la pena de prisión demuestra que las instituciones funcionaron dentro de sus márgenes legales.
“La Fiscalía aclara que los bienes, empresas, inmuebles, vehículos y demás propiedades sujetas a medidas estatales continuarán bajo la custodia del Estado salvadoreño, conforme a las disposiciones legales y judiciales aplicables” — Comunicado de la FGR.
Con su salida de prisión, Saca recupera la libertad ambulatoria, pero su situación patrimonial y sus obligaciones civiles con el Estado permanecen abiertas. El caso “Destape a la Corrupción” deja así una pregunta de fondo: ¿es suficiente el cumplimiento de la pena de cárcel cuando el dinero desviado —más de 260 millones de dólares— aún no ha retornado a las arcas públicas?
