La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la pena de cadena perpetua para José Gabriel Márquez López, de 55 años, acusado de asesinar a su sobrino de 6 años y a una mujer de 46 durante un ataque ocurrido el pasado 7 de octubre en el cantón Llano El Ángel, en Ciudad Barrios, San Miguel Norte. La solicitud se ampara en la reforma constitucional que permite la prisión vitalicia para homicidas, violadores y terroristas, vigente desde el 14 de mayo de 2026.
El ataque que conmocionó a San Miguel
Según el reporte de la Fiscalía, el crimen se produjo tras una fuerte discusión en la que Márquez López agredió a una mujer y luego la atacó con un trozo de leña rociado con gasolina. En el mismo incidente, el imputado hirió con un arma blanca al menor de edad, quien murió debido a la gravedad de las heridas. La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que el niño era sobrino del acusado.
El ataque no terminó ahí. Márquez López incendió la vivienda mientras otras cinco personas se encontraban en su interior. Todas sufrieron quemaduras graves y recibieron atención médica, pero una de las sobrevivientes falleció posteriormente debido a las lesiones, elevando a dos el número de víctimas mortales. La Fiscalía no ha revelado los delitos específicos que se le imputan ni el juzgado donde se realizó la audiencia inicial, pero confirmó que el acusado deberá permanecer en detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Una solicitud en el marco de la nueva justicia penal
La petición de cadena perpetua para Márquez López se enmarca en la reforma al artículo 27 de la Constitución salvadoreña, aprobada a finales de abril de 2026 y vigente desde el 14 de mayo de ese mismo año. Esta modificación, impulsada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Legislativa, establece que “la pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, entendiendo por terroristas a los miembros de pandillas.
La reforma implicó además 33 cambios en el Código Penal, el Código Procesal Penal y otras leyes especiales. En la práctica, la cadena perpetua en El Salvador es revisable: puede ser evaluada cada 30 años para los adultos y cada 25 años para los menores de edad. Desde su entrada en vigor, la Fiscalía y los Centros Judiciales han hecho públicas al menos 11 solicitudes de aplicación de esta pena en casos de extrema gravedad, lo que evidencia un endurecimiento progresivo de la respuesta penal en el país.
El debate sobre la pena perpetua
Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han criticado la adopción de la cadena perpetua por la “forma exprés” en que se aprobó y por la “poca independencia judicial” que, según ellos, existe en El Salvador desde la instauración del régimen de excepción en marzo de 2022. Estas organizaciones advierten que la medida podría generar penas de prisión vitalicias para personas inocentes o sin un proceso justo, y han señalado la falta de un tiempo máximo para la detención provisional en estos casos.
El caso de Márquez López, sin embargo, se centra en un hecho de violencia intrafamiliar y comunitaria que ha consternado a la población de San Miguel. La solicitud de cadena perpetua por parte de la Fiscalía refleja la voluntad de las autoridades de aplicar todo el peso de la ley en delitos que, por su crueldad, han sido calificados como de extrema gravedad.
Las víctimas y el impacto en la comunidad
El menor de 6 años y la mujer de 46 años fallecieron como consecuencia directa del ataque. Otras cinco personas que se encontraban en la vivienda sufrieron quemaduras graves y una de ellas murió posteriormente, según confirmó la Fiscalía. Este tipo de incidentes, que combinan violencia interpersonal con el uso de fuego, ha generado alarma en la zona oriental del país, donde las autoridades han reforzado las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque.
Márquez López permanece bajo detención provisional mientras la Fiscalía continúa recabando pruebas. La solicitud de cadena perpetua deberá ser evaluada por un juez de lo criminal, quien determinará si se cumplen los presupuestos legales para imponer la pena vitalicia. El caso se suma a la lista de procesos que, desde mayo de 2026, se tramitan bajo el nuevo régimen de penas perpetuas en El Salvador.
“Otras cinco personas sufrieron quemaduras graves luego de que Márquez López incendiara la vivienda mientras ellas se encontraban en su interior. Todas recibieron atención médica, pero una de las sobrevivientes falleció posteriormente debido a las lesiones” — Fiscalía General de la República.
Con la solicitud de cadena perpetua, el caso de San Miguel se convierte en uno de los primeros en el país en el que se pide la pena máxima por un crimen que combina homicidio, lesiones graves y violencia intrafamiliar. La decisión final quedará en manos de los tribunales, en un contexto de profunda transformación del sistema penal salvadoreño.
