El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) ha dispuesto el cierre temporal de ocho establecimientos comerciales de propietarios chinos en el Gran Santo Domingo, tras detectar irregularidades que incluyen la venta de productos sin registro sanitario y la exhibición de artículos para adultos en espacios accesibles a menores de edad. La medida, anunciada este jueves 5 de noviembre, se fundamenta en las resoluciones 1934-26 y 1935-26 y forma parte de una ofensiva más amplia contra el incumplimiento de las normas comerciales en la República Dominicana.
Los comercios clausurados y las irregularidades detectadas
Entre los establecimientos intervenidos figuran Home Plus, AMG Mall, Plaza Neza, Tienda Rojo Star, Tienda Nuevo Mundo, Import y Export, Sol, Playa y Arena, según confirmó el director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara. Los negocios están ubicados en el distrito municipal de Pantoja, en Los Alcarrizos y en otras demarcaciones del Gran Santo Domingo.
La institución señaló que una de las faltas más graves fue la comercialización de productos sin los registros sanitarios correspondientes, lo que impide verificar que cumplan con los requisitos de seguridad y aptitud para el consumo. A esto se suma la exhibición de artículos para adultos con características especiales en espacios donde podían quedar al alcance visual de menores, una situación que, según Pro Consumidor, podría vulnerar el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Un proceso de revisión previo a las clausuras
Alcántara explicó que las clausuras no respondieron únicamente a la visita inicial de los inspectores. Según el funcionario, hubo un proceso posterior de revisión de los hallazgos en el que participaron la Dirección Ejecutiva y áreas especializadas de la entidad. «Las clausuras se producen luego de un proceso de revisión de las irregularidades identificadas durante las inspecciones», informó Pro Consumidor al resumir la evaluación que precedió a las resoluciones de cierre.
Un contexto de fiscalización más amplio
La clausura de comercios chinos en República Dominicana no es un hecho aislado. En los últimos meses, las autoridades han intensificado las inspecciones sobre establecimientos de capital asiático, revelando irregularidades que van desde faltas sanitarias hasta incumplimientos fiscales y laborales. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha determinado ajustes fiscales superiores a los 1.500 millones de pesos en comercios chinos, mientras que la Dirección General de Aduanas ha establecido diferencias impositivas por 66,4 millones de pesos entre enero y agosto de 2026.
El caso más reciente de esta ofensiva ocurrió en San Antonio de Guerra, donde las autoridades clausuraron la fábrica de cartón Cartesa, operada por ciudadanos asiáticos, que carecía de permisos de construcción, uso de suelo y funcionamiento. Durante la inspección, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) descubrió un depósito clandestino de hidrocarburos con un tanque de 5.000 litros de capacidad y 1.000 galones de gasoil retenidos.
Las reacciones y el debate sobre la discriminación
La comunidad china en República Dominicana ha expresado su preocupación por lo que considera un ambiente de incertidumbre y hostilidad hacia sus negocios. Rosa NG, fundadora del Barrio Chino, ha denunciado que muchos de los comercios afectados tienen años de operación y cumplen con los permisos municipales, por lo que las clausuras masivas generan un clima de «acoso institucional».
Sin embargo, tanto Pro Consumidor como representantes del sector industrial han negado que exista una persecución dirigida específicamente contra los comercios chinos. Alcántara ha insistido en que las medidas responden a la aplicación estricta de la ley y buscan proteger a los consumidores dominicanos frente a prácticas que puedan afectar su salud, seguridad o derechos.
«Las clausuras se producen luego de un proceso de revisión de las irregularidades identificadas durante las inspecciones» — Eddy Alcántara, director de Pro Consumidor.
¿Qué sigue para los comercios clausurados?
Las resoluciones 1934-26 y 1935-26 establecen que los establecimientos permanecerán cerrados hasta que la Procuraduría General de la República (PGR) concluya una investigación para la cual será apoderada por Pro Consumidor. La institución ha advertido que mantendrá las inspecciones y las acciones administrativas ante cualquier incumplimiento que pueda afectar a los consumidores.
Con esta nueva clausura de comercios chinos en República Dominicana, las autoridades envían una señal clara de que la fiscalización sobre el cumplimiento de las normas sanitarias, comerciales y de protección a la infancia se mantendrá en el centro de su agenda. El caso también deja abierto el debate sobre el equilibrio entre la aplicación rigurosa de la ley y el trato equitativo hacia los inversionistas extranjeros.
